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Si la corrupción es un problema sistémico, hace falta una solución envolvente, una política integral de incentivos y castigos. 

 

En los últimos años, América Latina logró adelantos importantes en la lucha contra la corrupción. Muchos países de la región implementaron leyes y mecanismos para contrarrestar este fenómeno, las investigaciones legales avanzaron y los movimientos de la sociedad civil se incrementaron. Pero la corrupción aún se percibe como uno de los más graves problemas. Un estudio reciente de la firma de servicios profesionales EY sugiere que estos esfuerzos no han tenido el éxito esperado, ya que a nivel global 38% de los ejecutivos entrevistados afirman que en sus países existen prácticas de corrupción o soborno. Si miramos sólo a México, el porcentaje sube hasta 70% (país que ocupa el 8º lugar en el ranking) y 78% en toda la América Latina; convirtiéndose en la región del mundo con el porcentaje más alto de percepción de corrupción en los negocios. Es hora de hacer preguntas trascendentes: ¿qué pasa?, ¿que no está funcionando?, ¿es posible cambiar?, ¿la corrupción es inevitable cultural o socialmente?

Al leer la preocupación de los ciudadanos y de las organizaciones internacionales, los políticos han puesto el tema en la agenda política. Con arengas más o menos radicales, prometen limpiar la sociedad del flagelo de la corrupción y aprobar leyes más duras. Sin embargo, suele ser difícil encontrar en esos discursos electorales (quizá electoralistas) propuestas concretas que diseñen mecanismos de prevención y detección de conductas ilícitas, así como la dimensión presupuestaria de los recursos asignados a la implementación de esos mecanismos y a las autoridades judiciales que investigan y juzgan la corrupción. También es rara la promesa política que proponga un pacto anticorrupción entre todos los partidos políticos, las instituciones del Estado y la sociedad civil, de empresas a organizaciones no gubernamentales. Esto sin hablar de la aprobación de leyes que tienen como único objetivo calmar a la opinión pública o responder a obligaciones internacionales, pero que en realidad son deliberadamente mal diseñadas, con agujeros que permiten escapar a los corruptores y corrompidos.

En otras palabras, de nada sirven discursos y leyes si no tienen correspondencia en la práctica, en comportamientos más éticos, en mecanismos que desalienten los actos de corrupción y en decisiones judiciales que castiguen a los delincuentes. En realidad, los políticos forman parte del grupo de los principales beneficiarios, por eso ¿por qué habría que querer acabar con la corrupción?

 

CONDENADOS A LA CORRUPCIÓN

Varios estudios buscan las causas de la corrupción, identificando innumerables variables. El propio concepto de corrupción no es unánime y ello contribuye a la indeterminación del origen del fenómeno. Las definiciones más amplias consideran que cualquier ventaja ilegítima que un individuo obtenga es susceptible de calificarse como corrupción. Las visiones más legalistas creen que un acto u omisión sólo puede ser considerado ilícito si tal está explícito en la ley. Pero, tal vez por eso, existen otras tipologías de crímenes que no son estrictamente corrupción, pero que le son conexas: tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, abuso de poder, entre otros. Además de otro conjunto de prácticas que, dependiendo del ordenamiento jurídico, pueden o no ser legales: lobbying, oferta de regalos y hospitalidad, financiamiento privado de partidos y campañas políticas. Todo esto también contribuye a diferentes visiones de las causas de la corrupción.

Los economistas han estudiado la relación entre altos índices de corrupción y economías poco abiertas o competitivas, la dimensión del sector público, el tamaño del PIB o la existencia de recursos naturales. Los sociólogos, a su vez, apuntan a causas culturales, como los niveles de confianza en la sociedad, la religión, la igualdad de género o la aceptación de jerarquías. Por ejemplo, las sociedades con estructuras más tribales o basadas en relaciones familiares, con mayor informalidad son más propensas a la corrupción.

La ciencia política ha mirado hacia el sistema político, el tipo de democracia, el grado de descentralización del gobierno o el sistema electoral. La mayoría de los estudios no han presentado resultados concluyentes y algunos incluso son contradictorios o sin tendencias definidas. Es posible afirmar, a pesar de ello, que Estados más ricos, de tradición protestante, con menor aceptación de jerarquías y con mayor participación de las mujeres en la vida pública presentan índices más bajos de corrupción.

Los países con un pasado colonial también parecen ser más propensos a la corrupción, por su parte. Sin embargo, resulta difícil percibir lo que es causa y lo que es consecuencia. Visiones derrotistas que creen que la corrupción es una fatalidad determinada por las características sociales o culturales de un determinado pueblo, olvidan, por ejemplo, que en el siglo XIX, los países del norte de Europa sufrían de una corrupción endémica. Hoy Suecia, Dinamarca y Noruega están en la cima de los países menos corruptos del mundo.

 

FALLO INDIVIDUAL O PROBLEMA SISTÉMICO

En todos los países, hay políticos o funcionarios públicos más propensos a ser corruptos que otros. Estas diferencias dependen en gran medida de los valores personales y también de su situación personal en el momento, por ejemplo, si ganan un sueldo bajo o si tienen que pagar gastos de salud o educación de los hijos. Pero dependen más aún de la variación de oportunidades que les surgen para obtener ventajas para sí mismos y la disponibilidad de la otra parte ‒ciudadano o empresa‒ para pagar esos valores. Es decir, el comportamiento de los individuos es influenciado en parte por sus elecciones personales, su libre arbitrio, y en parte por el contexto en que está inserto, las oportunidades que le surgen por el camino y la conducta de sus pares o superiores.

Un estudio experimental sugiere que 1) el corruptor sabe que lo que hace no es correcto, pero se aventura porque los demás también lo hacen, 2) los actos de corrupción ocurren más fácilmente si se da la oportunidad directa para ello, independientemente de los valores o si el individuo ya se veía beneficiado por pequeños sobornos y 3) la presencia de un tercer individuo en la transacción disminuye las probabilidades de un comportamiento ilícito. Así, parece que se trata de una combinación de oportunidades con incentivos y desincentivos. En otras palabras, un político o funcionario público se vuelve corrupto porque tiene poder (de decisión, de gestión de fondos públicos, de elección de proveedores privados) e incentivos (una oferta por parte del corruptor, falta de transparencia y mecanismos de supervisión de su conducta y, como tal, pocas probabilidades de ser descubierto o juzgado).

Otra forma de encarar la cuestión es como si se tratase de un mercado de oferta y demanda. Un oficial público tiene algo que vender –una decisión pública o un servicio estatal– pero, del otro lado, tiene que encontrar un individuo dispuesto a pagar.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre el individuo que acepta o exige una ventaja ilegítima, sea un soborno en efectivo, un regalo u otro tipo de beneficio, porque le surge una oportunidad para ello, y la corrupción generalizada en todos los niveles jerárquicos en una institución pública, en un gobierno o en un sistema electoral. En la primera situación ocurre un fallo ético y un crimen más o menos aislado, que puede ser detectable con relativa facilidad si sucede en un contexto en que las leyes y los mecanismos de prevención y detección se encuentran en funcionamiento. En la segunda situación, se trata de corrupción sistémica que invade todas las estructuras públicas y tiene, naturalmente, consecuencias totales. Aquí la corrupción es practicada por casi todos y se convierte en un elemento de la cultura de la institución. Todos saben que es de uso común y no aceptar o participar en el esquema resulta costoso para los individuos. La normalidad de la práctica dificulta hasta su condena moral en el seno de la institución.

Se suele hablar de dos tipos de corrupción:

1. La pequeña corrupción. Está ligada a funcionarios públicos de bajo o mediano grado que «venden» el acceso a servicios públicos a los que la población ya tenía derecho. Es la que más interfiere en la vida de los ciudadanos y la que más desagrada a los empresarios, por ser imprevisible en términos de costos y de garantías de que la solicitud se concretará.

2. La gran corrupción. Se relaciona con políticos o altos funcionarios públicos, ocurre a gran escala e implica amplias sumas de dinero. Ya no es vista de forma tan negativa por algunos empresarios, porque existe la percepción de que es más fácil de gestionar. Aunque la «inversión» en sobornos sea alta, también lo será su retorno, ya que se trata de contratos de millones en obras o compras públicas. Los objetos de los sobornos tampoco son individuos dispersos, sino un pequeño grupo de personas que se mueve en los mismos círculos sociales que algunos empresarios.

 

CORRUPCIÓN: ¿UN CRIMEN SIN VÍCTIMAS?

Muchos consideran que la corrupción es sólo una cuestión moral, de hacer o no lo que está bien, y en la cual no hay víctimas. ¿Pero será así? La corrupción, a pesar de engrasar la máquina burocrática, tiene más externalidades negativas que positivas: injusticia, ineficiencia de los servicios, desperdicio de recursos públicos, desincentivos a empresas extranjeras, falta de confianza en el gobierno y la democracia, inestabilidad política, medidas represivas contra acusaciones de corrupción (como el crimen de difamación, persecución de denunciantes o restricciones a la libertad de prensa).

También a nivel de los negocios y de las empresas existen perjudicados: las pymes y las grandes empresas extranjeras no compiten en pie de igualdad con las grandes empresas nacionales, porque no están dentro de las redes de influencias o no poseen ni los contactos ni los recursos financieros para pagar sobornos desde el principio. Resultado: empresas que no entran en el mercado, que acaban por fallar, que no crean empleo ni riqueza. Tanto los Estados Unidos de América como el Reino Unido tienen leyes muy fuertes en ese campo y las penas son pesadas. Las grandes multinacionales de esos países no quieren arriesgar. Y si hacer negocio en un país sólo es posible pagando sobornos, entonces ellas no invierten. Incluso las empresas que pagan sobornos corren riesgos financieros y reputacionales serios. Por ejemplo, en este momento, ¿quién quiere hacer negocio con Oderbrecht, empresa brasileña de ingeniería e infraestructura?

La corrupción añade costes y aparta a los socios internacionales. Si la corrupción es más baja en países donde la confianza social entre individuos es más alta, sólo será de esperar que el inverso también suceda. La confianza es un elemento fundamental para los negocios y donde existe corrupción, existe desconfianza e imprevisibilidad de resultados. Además de crear una cultura empresarial que no es adecuada para la internacionalización, pues en ocasiones se viaja a países donde la corrupción no es sistémica, pudiendo la empresa incurrir en procesos judiciales en el extranjero.

 

¿UN COMBATE PERDIDO?

Al regresar al estudio de EY, la consultora concluye que a pesar de los miles de millones pagados en multas y de la aprobación de leyes, la corrupción no ha disminuido a nivel global. Es necesario cambiar el paradigma y ver más allá de las leyes que no salen del papel. La prevención, o la disminución de las oportunidades, y la reducción de los incentivos son la clave.

En el fondo, para un problema sistémico, una solución sistémica y una política integral de incentivos y castigos. Leyes más duras, penas más graves y una verdadera aplicación de la ley, es decir, las condenas, son fundamentales, pero no suficientes. Hay hoy una corriente de pensamiento ante las autoridades que cree que, más que sanciones penales, importa impedir que los corruptos aprovechen las ganancias de la descomposición. En otras palabras urge: congelar bienes y cuentas bancarias durante todos los juicios, hacer que los condenados pierdan los bienes. También, conviene un control más estricto sobre empresas offshore que permiten gestionar fondos ilícitos y ocultar la verdadera identidad de sus dueños; esto es fundamental para que los corruptos tengan menos formas de ocultar su riqueza.

Pero en este campo importa no olvidar dos elementos clave. El primero son los recursos financieros, humanos e incluso informáticos al disponer de los equipos de investigación criminal y una correcta capacitación de los jueces para comprender el fenómeno. El segundo es evitar el atropello de derechos fundamentales en la elaboración de leyes más duras: la lucha contra la corrupción tiene que trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra de sus derechos.

Los puentes entre el sector público y el privado no sólo son deseables, también cruciales. Muchas veces ambas partes sienten que se encuentran en polos opuestos, culpándose mutuamente, una porque ofrece sobornos y la otra porque los acepta o solicita. No tiene que ser así. De parte del sector privado, es fundamental mejorar la cultura interna de las empresas, pero también denunciar pedidos de pagos ilícitos o los concursos públicos que no cumplan la ley. En lo que se refiere a las empresas implicadas en casos de corrupción, es necesario que también sean criminalmente responsables y no sólo sus funcionarios. Por otra parte, es importante que se impida acceder a licitaciones a las empresas infractoras, aunque sea de forma temporal. Tal medida tiene un carácter punitivo para esas empresas, pero es un incentivo para las organizaciones que cumplen, ya que ahora operarán en un mercado donde la competencia desleal (e ilegal) está prohibida.

El sector privado también puede contribuir a las políticas anticorrupción, presionando a los poderes públicos para decisiones públicas y procedimientos burocráticos más integrados y transparentes. Las asociaciones empresariales tienen aquí un papel central, porque pueden ejercer esa presión ante el poder político, pero también disimular una cultura de integridad y compliance a las empresas asociadas.

En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se creó el UN Global Compact, la mayor iniciativa voluntaria del mundo sobre responsabilidad corporativa, que ya ha unido gigantes mundiales como Coca-Cola, SAP o BBVA. Los 10 principios apelan a que las empresas a nivel global trabajen contra la corrupción y la iniciativa promueve inspiración, orientación y asesoramiento a las empresas sobre el modo de hacer negocios de manera responsable y tomar medidas para un futuro más sostenible.

La corrupción es un fenómeno demasiado complejo para, alguna vez, erradicarlo por completo. Sin embargo, es posible prevenir, contener y disminuir su impacto social y económico. Éste es un problema de todos y todos deben predicar con el ejemplo.