La corrupción es ciertamente un mal endémico de este país, pero no insoluble. Felipe González y González, profesor decano del área de Entorno Político y Social del IPADE, explica cómo para cambiar hacia una cultura de integridad se requiere recuperar la conciencia personal, tantas veces adormecida o deformada, y cooperar, cada uno en sus posibilidades, para atajar los abusos del poder que se dan en todos los ámbitos públicos y privados.
¿En qué consiste el Pacto de integridad que ha implementado el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE?
En primer lugar, agradezco a istmo la oportunidad de comunicarme con sus lectores, porque es una revista de pensamiento que va a la esencia de lo que importa en este país: el cambio cultural. Llegar a los lectores a través de este medio es muy importante.
El Pacto de integridad es resultado de un proyecto de varios años que realizó el Centro de Gobernabilidad Institucional del IPADE, primero para concretar un trabajo sobre el tema de la corrupción, esencial en la sociedad mexicana, que ningún sector puede abordar solo.
Necesitamos construir toda una red con organismos públicos, asociaciones privadas e instituciones académicas. Incluso la financiación del proyecto se logró gracias al CIPE (Center for International Private Enterprise) de los Estados Unidos, que nos ayudó para este propósito. A lo largo de 2015 realizamos esta investigación y finalmente se concretó con el Pacto de Integridad, que abrimos a suscripción a principios de 2016.
¿Qué es el Pacto de integridad? Es un esfuerzo por tratar de lograr que cada vez un mayor número de empresarios se sumen de manera individual a los valores que hacen posible la cultura de integridad. ¿Y, cuáles son esos valores? La integridad, la justicia, la sinceridad, el juego limpio, el trato justo, el respeto a la ley, la consideración a la dignidad de las personas, etcétera. Es decir, todo aquello que hace posible que una persona se pueda considerar verdaderamente honesta.
Dicho de otra manera, la integridad es simplemente la búsqueda de relaciones de confianza entre los sectores económicos, políticos y sociales para crear un entramado que permita avanzar. Es el principal elemento para contribuir al capital social. El gran insumo del capital social es la confianza, que depende de la integridad. Es aquello que nuestros antepasados llamaban el «aceptar la palabra dada, honrar la palabra». No hace falta firmar cosas, basta con que la persona se comprometa.
Comprometerse no significa que cada persona está de acuerdo intelectualmente, sino que, desde el punto de vista de la voluntad política, se decide poner en práctica una cultura de coherencia e integridad con los valores que hacen posible la vida humana, la paz, la convivencia, y finalmente la justicia entre las personas.
¿Cuál fue el detonante para este estudio? ¿Cómo impacta la corrupción en México?
Urge estudiar la corrupción pues este tema es el problema número uno de México, la madre de todos nuestros problemas. La pobreza subsiste en este país porque tenemos relaciones corruptas entre las élites políticas, económicas y sociales, e incluso me atrevería decir culturales, que escinden a este país en dos fachadas.
Hay personas conectadas con el modus operandi o vivendi interesadas en mantener una cultura extractiva, rentista, patrimonialista, pero el resto de la población simplemente no se puede beneficiar del crecimiento y el desarrollo. México ha crecido enormemente, no sólo en los últimos años; después de la Revolución Mexicana, su crecimiento fue exponencial. Sin embargo, esa riqueza creada nunca se distribuyó de modo que permitiera el desarrollo. Hemos logrado así una sociedad segregada, con muchas personas excluidas; se les discrimina por el color de la piel, el origen étnico o por las escasas posibilidades que tienen de ejercer la educación.
El problema de la corrupción es que les quita el valor a las personas y se lo da a las cosas, valora a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Ello nos lleva a poner precio a todo el mundo: la persona depende de sus millones, de su poder político o de que se sienta amenazada.
La corrupción es el mal endémico de este país, un problema que tiene que ver con el ejercicio del poder. Hay que ser muy claros, no se trata de un problema exclusivo del sector público, también de los sectores económico y social. La corrupción es un problema anejo al poder: siempre que alguien tiene poder, corre el peligro de abusar de él.
La cultura de la integridad se basa en lo siguiente: yo debería desconfiar de mí mismo para no caer en las redes del poder y abusar de él. Necesito tener ciertas voces de alarma que me avisen cuando me estoy pasando. Éstos son los valores, aquellas mediciones de la conducta humana que nos permiten dirigirnos a un bien que no solamente será para mí, sino para todos.
La corrupción, a final de cuentas, acaba con la sociabilidad humana, pues las personas estamos referidas unas a otras. Cuando alguien cae o caemos en actitudes de corrupción, lo que hacemos es privilegiar el interés personal sobre el de los demás. Se da en todos los niveles: familiar, laboral, en nuestras organizaciones y oficinas, en las asociaciones empresariales, económicas, políticas, sociales, académicas, etcétera. En cualquier lado donde se ejerce el poder existe el peligro del abuso.
¿Qué define el perfil de una persona corrupta? ¿Cuáles sonlas falsas actitudes del corrupto?
Me atrevo a empezar con unas palabras muy conocidas: «el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra». No es justificar la corrupción, ni significa que todos seamos igualmente corruptos, sino que, como dice el viejo dicho, las personas solemos «tirar la piedra y esconder la mano».
A veces hacemos cosas que no están bien y luego pretendemos justificarlas. Ésta es la esencia de la corrupción. Comienza con pequeñas cosas, en la vida diaria damos una opinión, cometemos una falta, y luego tratamos de disfrazarla y decir que estábamos bien. Es la corrupción en la vida ordinaria. El problema grave viene cuando se hacen cosas para dañar a otros en beneficio propio y encima se pretende disfrazar ese mal como si fuera una acción buena.
Cuando se trata de ayudar a los pobres, muchas veces, lo que hacemos es perpetuar condiciones en las que carecen de oportunidades de educación, de trabajo, de salir adelante. Si no se crean oportunidades de escolarización o laborales, la gente se mantiene en el subdesarrollo. Eso es una política pública de avanzada que sufre de corrupción. Tapar el mal con la creencia de que hacemos algo bueno, cuando es algo que lleva a que perduren las condiciones en las que el mal se difumina.
¿Qué reformas penales se han alcanzado?
Se ha criticado mucho al Congreso de la Unión porque ha faltado la voluntad para abordar las reformas a la miscelánea penal y al Código de Procedimientos Penales. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que combatir la corrupción, pero hay resistencia por parte de las élites económicas y políticas de nuestro país para crear los instrumentos legales que garanticen que los actos de corrupción no queden impunes.
La corrupción y la impunidad van muy de la mano. Hay que impulsar el Pacto de integridad y los valores, pero, si el sistema jurídico mexicano permite la impunidad, no habrá manera de acabar con la corrupción. En la medida en que la impunidad permea a toda la sociedad, la corrupción se convierte en mal endémico. Sí, se requieren reformas, pero para que realmente se haga justicia, no hay que jugarlo todo a las reformas penales, sino a la aplicación de la ley de forma igualitaria, sin discriminaciones. El problema de la impunidad es que se solapan conductas que incurren en desvío de fondos, prevaricaciones, abusos de poder… porque hay una cadena de mando que hace posible que la corrupción opere en beneficio de quienes ocupan lugares de vértice en las élites políticas y económicas del país.
¿Qué ventajas ofrecen las reformas que se han logrado?
Estamos en un momento muy importante, el sistema de justicia penal que se ha reformado en México y cuya implementación cumple ya ocho años, supone un avance impresionante. Cambia las relaciones entre gobernados y gobernantes y pasa de un Estado criminalizador a uno garantista, basado en los derechos humanos, en el combate a la corrupción y la promoción de la cultura de integridad. Devuelve la dignidad a todas las personas: víctimas, jueces, ministerios públicos, policías, y por supuesto, respeta también los derechos humanos de los delincuentes.
Esto a veces no se comprende porque el hartazgo es excesivo. Hay personas que consideran que ahora sólo los delincuentes tienen derechos humanos. No, la reforma al sistema de justicia penal ataca el proceso indebido y busca que todos tengamos acceso al proceso debido. Que garantice que no se culpabilice a nadie hasta que se demuestre si realmente es culpable. La confesión deja de ser la reina de las pruebas, por una razón muy sencilla: desacredita la obtenida por medio de tortura. La policía, el ministerio público y otros organismos tienen que hacer una investigación real y demostrar que una persona es culpable. Es un beneficio para cada uno de nosotros.
En este nuevo sistema también son muy importantes los medios alternativos de resolución de conflictos. 60% de las causas penales se pueden resolver por este medio, que consiste en que las partes lleguen a un acuerdo; así se logran dos cosas significativas: la restitución y el entendimiento de las partes, con lo que se logra la pacificación.
Los involucrados seguirán siendo vecinos, compartiendo espacios, continuarán como miembros de la misma sociedad y podrán verse la cara y entenderse en otros aspectos porque el derecho penal ya no los enfrenta y los vuelve contrincantes. No se trata de darle a uno todo y a otro nada, sino de ajustar a las partes. Es el significado de justicia, hacer que las cosas embonen, y crear una cultura de la paz.
Volviendo al tema de la corrupción, si este sistema de justicia penal arraiga, habrá que consolidarlo para dar pasos hacia la cultura de la integridad, que es la certeza jurídica, la confianza en que el ministerio público, la policía y los jueces harán bien su trabajo. Devuelve su dignidad a los funcionarios públicos, para que acudamos a las autoridades, no como a personas que nos van a hacer daño, sino como aquellas que pueden ayudarnos a resolver los problemas. Es un cambio radical en el tema de la autoridad.
Pienso que el nuevo sistema de justicia penal ha sido un movimiento profundamente social en México. La sociedad civil organizada hizo posible que se implementara y el gobierno ha debido escucharla para que efectivamente se concretara. Los movimientos sociales están echando a los políticos corruptos de los gobiernos, ya ocurrió en Guatemala, El Salvador, Perú, no se diga ahora en Brasil. Hemos llegado ya a la saturación y no queremos tolerar más que los propios políticos y dirigentes, las élites económicas o políticas de un país, sean las que impidan el desarrollo de las mayorías.
Hay un claro consenso social de que la corrupción es la gran limitante al desarrollo de los países y de su crecimiento económico. En el futuro veremos cada vez más que los movimientos sociales se orientan a esta exigencia. Fuera corrupción, urge cultura de integridad.
¿Cómo inician estos movimientos sociales, con qué acciones?
Lo más importante es la concientización. Vemos que hay gente desesperanzada porque cree que al luchar por algo sus esfuerzos serán vanos, que va a invertir tiempo y a gastar dinero inútilmente en una asociación civil que luche por los derechos humanos, la justicia, la cultura de la integridad.
No olvidemos que somos parte de un proceso, mientras seamos conscientes, busquemos el diálogo, hablemos con las personas y trabajemos para que se den las cosas, vamos avanzando para mejorar el país económica, política y socialmente. Si no entendemos que somos parte de un proceso y que la contribución de cada uno, aunque sea pequeña es necesaria, no tendríamos los procesos que permitan el sostenimiento de la familia, la cohesión de las empresas y el desarrollo de instituciones solidarias que realmente busquen solucionar los problemas de las personas más necesitadas.
Es el conjunto de muchos pocos que se van articulando para lograr una gran corriente de cambio y cada uno de nosotros somos parte de esa gran corriente. Es posible que no veamos los resultados en el corto plazo, pero si seguimos trabajando, caminando, tendremos la confianza y la seguridad de que somos parte de un proceso de crecimiento. Lo plantearía así: ¿qué queremos ser: parte de la historia que hace posible el desarrollo, o parte de los explotadores que lo impiden? Es poco lo que cada uno puede aportar, pero tiene que hacerlo.
En estos días he estado manejando una idea que me parece básica y que muchas veces las organizaciones no aceptan: creen que pueden prescindir de las personas y se populariza el estereotipo de que nadie es imprescindible. En cierto sentido es verdad: nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. No hay nadie en este mundo que sea innecesario. Ni al criminal más desgraciado que podamos imaginar podemos etiquetarlo como una persona incapaz de cambiar o que no puede dar algún beneficio a sí mismo o a sus semejantes.
Todos somos necesarios, tenemos que contar con todos y darnos cuenta de que somos parte de un gran proceso que en la historia va haciendo que se den el bien, la verdad y la justicia. En ese sentido soy muy optimista y creo que la historia está de nuestra parte. No es el mal el que finalmente triunfa, sino el bien, sostenido por las personas que a veces luchan contra toda esperanza, porque el panorama está cerrado y hay tantas nubes en el horizonte que parece que los esfuerzos no sirven. Hasta que un día, por alguna causa, despunta un nuevo viento, se abre un espacio y comienza a dar fruto todo ese esfuerzo de generaciones para lograr un país más justo.
¿Cómo se dio el nexo con la UNAM y con su Centro de Opinión Pública?
Desde que se crearon los centros de investigación en el IPADE fui muy claro en que debemos estar dispuestos a la apertura. No se puede investigar sin estar abierto. No hay cotos cerrados, ni es una investigación de laboratorio hecha en un lugar oscuro y apartado; supone colaborar con todas las instituciones.
Estamos muy agradecidos con la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y su Centro de Estudios de Opinión Pública, que nos han ayudado enormemente con encuestas entre la comunidad universitaria, con estudiantes, investigadores y con el propio trabajo que el Centro de Opinión Pública realiza en el tema de la corrupción. Sin asociación con otras instituciones es muy difícil que las investigaciones cuajen en algo que tenga sentido social y raigambre entre todos.
La corrupción no es una lacra que el IPADE o el CEGI puedan resolver, es un tema en el que participamos como miembros del IPADE, sabiendo que aportamos una gota al conjunto de muchas instituciones, otra es, precisamente, el Centro de Opinión Pública.
¿Cómo fue su experiencia al trabajar el tema con hombres y mujeres de negocios? ¿De qué manera nutrieron el estudio?
Por lo general hay dos posturas: una gran mayoría silenciosa que te ve e incluso en algún momento te alienta, pero que no está dispuesta a mover un dedo. La respuesta no fue mayoritaria, tuvimos una gran colaboración, pero de un número relativamente pequeño respecto al conjunto de todos los participantes del IPADE. Es un tema muy complicado, la corrupción está en las empresas, en las organizaciones, en los departamentos donde trabajamos.
Negar que la corrupción existe en nuestras organizaciones es como negar que el ser humano está abocado a hacer el bien pero que también muchas veces realiza conductas indebidas. Algunos empresarios colaboraron de manera entusiasta y otros simplemente se mantuvieron al margen. Algunos te apoyan a nivel personal, pero no serían capaces de firmar el Pacto de Integridad, que por otra parte tampoco implica un gran compromiso, simplemente se entra a la página web del IPADE y se firma.
Entre los empresarios, la lección más importante que obtuve es que la integridad social depende de la integridad personal. Hablamos con funcionarios de grandes empresas públicas y privadas, con empresarios medianos y pequeños, con directores profesionales… y en todos encontramos que la diferencia la hacen los valores de las personas. Casi con las mismas palabras, comprobamos que con lo que aprendes en familia y a través de tu experiencia, te vas formando criterios de acción justos y responsables que permiten que avance la cultura de integridad. En definitiva, el criterio último de actuación es la conciencia.
Muchos empresarios dicen que están trabajando o haciendo algo porque su conciencia se lo reclama: «me lo debo a mí mismo». Dicen: «yo no puedo hacer esto, cometer este fraude, decir estas mentiras, solapar estas actitudes, porque mi conciencia me lo impide. No estaría bien conmigo mismo, no puedo solapar esta corrupción» o, «yo soy quien debe provocar estas acciones de justicia». Eso es el núcleo fundamental y es lo que tenemos que lograr.
Para muchas personas esto suena ridículo, tonto o ineficaz, pero recordemos que somos muchísimos, más de 6 mil millones de personas en el mundo, cada cual con una identidad, a las personas se les trata individualmente. En la medida en que logremos valorar la conciencia personal y que cada quien valore su propia conciencia y recupere la dignidad de ser una persona que puede obrar el bien o el mal y tenga conciencia de ello, en esa medida avanzaremos realmente en una cultura de integridad.
Los ejemplos y experiencias que he vivido con empresarios participantes del IPADE son maravillosos. Me han dado lecciones de lo que es el saber moral, el contenido ético, y de cómo arriesgan sus propias posiciones de autoridad, influencia, o incluso de dinero, con tal de no ir en contra de lo que les demanda la conciencia.
¿Qué otros proyectos o perspectivas hace falta analizar?
Los proyectos más importantes son como dos caras de una misma moneda. Uno es lo que llamo el nuevo perfil del gobernante, y por otro lado, el modelo de gobierno que se requiere en América Latina. ¿Qué modelo de gobierno podemos proponer para las empresas, organizaciones e instituciones en América Latina? No es necesariamente el modelo anglosajón, ni uno copiado de la cultura noratlántica. Ha de ser un modelo propio que responda a nuestra manera de hacer las cosas y a nuestra idiosincrasia.
Necesitamos profundizar en las nuevas cualidades del tipo de gobernante que queremos. Con gobernante me refiero a aquella persona que lidera a otros seres humanos, ya sea en el sector público, social o privado. El gobierno no lo ejercen solamente las autoridades públicas, es lo que ejerce una persona para lograr que los seres humanos contribuyamos a alcanzar metas altas.
En el área de Entorno Político y Social del IPADE hemos definido política como: el arte o la ciencia de lograr cosas justas en la empresa y en el entorno, para beneficio de todos. En esta institución, en el gobierno, donde sea.
Hay que rescatar esta idea de gobierno con estos dos proyectos que me parecen fundamentales: el perfil del nuevo gobernante y el modelo propio de gobierno en América Latina. Nos pueden servir algunos conceptos del modelo estadounidense, pero la empresa en América Latina es diferente y la función pública también; la manera como crecen y se consolidan las instituciones sociales son diversas y necesitamos crear un modelo propio. Ahí está la clave del futuro.
