Maciej Bazela profesor del área de Entorno Político y Social del IPADE comenta el proyecto «Cultura de integridad en México. Combate a la corrupción»1 que se implementó entre participantes y egresados del IPADE para generar un mejor conocimiento sobre los costos económicos y sociales de la corrupción y detonar cambios en la empresa con el objetivo de combatirla desde su propia trinchera, impulsando una cultura de integridad.
Antes de analizar los resultados del estudio, ¿nos podría comentar qué es la corrupción y en qué áreas de la sociedad tiene mayor impacto?
En general se entiende como abuso de poder público o privado y utilizar funciones o medios organizacionales para provecho propio. El sentido latino de la palabra tiene que ver con depravación o perversión. Inicialmente se enfocaba en temas morales; hoy también se relaciona con la deformación del criterio en la toma de decisiones o la perversión de gobernabilidad.
Hay que distinguir entre corrupción extractiva y redistributiva. En la primera se utilizan los cargos públicos para sacar el máximo provecho personal de las oportunidades económicas y políticas existentes en el entorno. Un buen ejemplo es la captura del Estado por un grupo de personas que se mantienen en el poder de manera directa o indirecta constantemente; desvían los recursos, promueven los oligopolios, obstruyen la aplicación del estado de derecho y se oponen a la rendición de cuentas y la transparencia.
La segunda, la corrupción redistributiva hace referencia a funcionarios públicos y privados que utilizan su cargo y poder para lograr rentas económicas adicionales. Es una forma de justicia social autoadministrada que pretende mitigar o compensar los salarios bajos, la falta de oportunidades, la violencia y otros fracasos institucionales. Los individuos que recurren a ella consideran que la injusticia reinante justifica la corrupción.
La corrupción es, al mismo tiempo, una práctica individual, institucional y cultural. En el primer caso, el individuo percibe que hay más beneficios si es parte de la corrupción que si opera con integridad. A nivel institucional, la corrupción tiene que ver con la debilidad de los mecanismos de gobernabilidad organizacional, en particular la falla del estado de derecho. Los altos índices de corrupción coinciden con los estados frágiles y bajos estándares de gobernabilidad. A nivel cultural la corrupción se vuelve una costumbre, un modo de ser, una regla no escrita que informa las relaciones interpersonales a nivel económico, político y social. Cabe mencionar que la corrupción es una práctica que se puede dar en cualquier lugar en el mundo sin importar raza, género, ideología política y credo religioso. Las sociedades que se acostumbran a convivir con altos niveles de corrupción lo hacen muchas veces por razones equivocadas, por ejemplo, por falsos determinismos antropológicos («así somos»), históricos («siempre ha sido así»), o por ser optimista radical («por qué no hablamos de oportunidades en lugar fijarnos en los problemas»). Por otro lado, es cierto también que la aparente «aceptación» de la corrupción es una señal de impotencia de una sociedad que tal vez se encuentra en una situación de captura del estado o por lo menos posee una democracia frágil, es decir, poco representativa.
Si la corrupción es un fenómeno multidimensional, ¿por dónde empieza el proceso de erradicarla?
Es una pregunta clave; de hecho uno de los objetivos principales del proyecto fue especificar acciones concretas respecto el combate a la corrupción.
Como punto de partida hay que tomar en cuenta que se debe luchar contra la corrupción desde los tres sectores: público (gobierno), privado (empresarios) y social (individuos, familias y organizaciones no gubernamentales). Cada uno ha de hacer su parte.
Antes de analizar qué pueden hacer los empresarios para reducir la corrupción, me parece importante subrayar que el papel del sector público es primordial, pero no es suficiente. Es fundamental fortalecer el estado de derecho y combatir la impunidad. También es importante tomar en cuenta que la corrupción no es sólo asunto de sanciones, sino también de cultura y por lo tanto involucra usos, costumbres y valores. El sustrato cultural informa cómo vivimos la gobernabilidad en familias, empresas y política.
En tiempos de los romanos, Cornelio Tácito decía que entre más corrupta sea una sociedad, más leyes tendrá. Sin embargo, mientras más leyes, menos madurez personal. Poner muchos candados implica que las personas tienen poca autorregulación. Ese problema viene a veces desde la infancia, cuando queremos educar y controlar a los niños sin incentivar la madurez personal. Si los pequeños no la consiguen, difícilmente serán empresarios o políticos maduros.
Decir que la corrupción es asunto cultural no implica que, por ejemplo, los latinos por su cultura son más corruptos que otros. No es cuestión de ADN, ni de clima o geografía. Sin embargo es cierto que la corrupción se da más en economías emergentes que en economías maduras. Eso se debe a cómo las sociedades perciben ciertos valores. Por ejemplo, muchas culturas latinas y asiáticas están acostumbradas a la centralización del poder, al paternalismo, al asistencialismo y a estructuras sociales piramidales. Estas ideas sobre el orden político y social, incluso cimentadas en buenas intenciones, tienen muchas veces impactos negativos en la sociedad. La centralización de poder y el paternalismo sofocan el ejercicio de libertad responsable la cual es necesaria para tener una sociedad dinámica, innovadora y creativa.
Hablando de la dimensión cultural de la corrupción, es un hecho también que no se premia ni se incentiva la integridad y la autorregulación en la vida profesional y familiar. Hay un alto margen de tolerancia hacia la corrupción, como el famoso dicho: «el que no tranza, no avanza».
Durante el proyecto detectamos que es muy común en la cultura empresarial en México que los fines justifiquen los medios. Por ejemplo, las evaluaciones de desempeño profesional se enfocan en los resultados tangibles como ventas o contratos nuevos y pocas veces se toman en cuentan factores como la misión de la empresa, la integridad, la justicia o la responsabilidad social.
Faltan también pesos y contrapesos como mecanismo de gobernabilidad organizacional. Muchos empresarios piensan, «si yo soy el dueño, tengo el poder absoluto. Los activos de mi empresa me pertenecen». Sin embargo, gracias a la historia, sabemos bien que el poder absoluto tiende a ser destructivo.
Los empresarios que participaron en el estudio observaron que es común que en las organizaciones se toleren algunas manifestaciones de la corrupción como el machismo, el neo-feudalismo o el nepotismo. Una de las razones más profundas que explican tales situaciones es la falta de comprensión sobre qué implica la dignidad humana y la libertad responsable.
El tema de la corrupción podríamos incluso relacionarlo con la fe mal vivida o mal entendida. En nuestro contexto cultural la mayoría de la población dice ser católica, pero esa afirmación muchas veces tiene poco impacto práctico a nivel cotidiano en las empresas. La fe se vuelve un tema de pertenecer, de ser parte de la Iglesia, un asunto emocional; pero no se relaciona con la responsabilidad social de la empresa, ni con la ética cotidiana en los negocios.
Muchas veces se dice que la educación es la solución a la corrupción. Ciertamente es una parte, pero no basta. Podemos educar muy bien a un niño, mandarlo a una buena escuela donde le enseñen integridad, virtudes, disciplina, etcétera, pero después en su vida adulta ese joven se topa con una realidad completamente distinta. ¿Qué mensaje recibe? Que su formación escolar es para niños; en la vida adulta hay otras reglas.
¿Por qué el papel del sector privado es fundamental en el combate de la corrupción?
El proyecto buscó incentivar la participación activa del sector privado en esta lucha, porque siempre que surge el tema de la corrupción se habla antes que nada del sector público y de abuso de poder. Luego se vislumbran soluciones, pero, otra vez, sólo desde el sector público: más leyes, más sanciones.
La realidad es que hay tres grandes actores en la sociedad: sector público, privado y social. Si es así, no podemos cargar toda la responsabilidad a uno solo. Los tres sectores son parte del problema y de la solución, aunque en diferentes grados.
Como la corrupción tiene un impacto negativo en la economía, el sector privado, a través de buenas prácticas de gobierno corporativo y de ética puede mejorar el entorno de negocios en México.
El proyecto estudió tres dimensiones de la corrupción en el sector privado porque ésta se da siempre en las relaciones. Nos enfocamos en entender tres tipos de relaciones de negocios donde ocurre la corrupción:
- Público-privada
- Entre empresas (business to business)
- Entre personas dentro de la empresa (interna)
Comparando este proyecto con otros, notamos que la dinámica de corrupción más conocida es entre el sector público y el privado. Por esa razón nos enfocamos en los otros dos escenarios: entre empresas y en las relaciones interpersonales dentro de la empresa.
Según el estudio, ¿qué entienden los empresarios por corrupción y cuáles son las principales prácticas con las que se enfrentan en su día a día?
En los focus groups encontramos definiciones muy apegadas a los documentos internacionales, en concreto del Banco Mundial. Los empresarios definen la corrupción como todo abuso de poder para el beneficio privado. Corrupción es «un abuso de poder», «un atajo necesario que sirve para un objetivo», «romper las reglas para beneficio particular».
Sintetizamos en tres grupos las respuestas a otra serie de preguntas sobre cómo y por qué se da:
- Relación público-privada. En este punto el mensaje común de los participantes fue «nos sentimos acorralados como empresarios y como ciudadanos». Se habló mucho de corrupción en las licitaciones públicas, abuso de poder, discrecionalidad y hasta extorsión. El sector privado reacciona al utilizar estrategias fiscales como pagos en efectivo, no pagar seguro social, registrar empresas bajo otros esquemas legales. En pocas palabras, el empresario se protege y utiliza formas incorrectas porque se siente débil y vulnerable siendo expuesto al abuso de poder. Nos quedó muy claro el reto, la necesidad y el reclamo de los empresarios de crear un sector público fuerte, pero amigable y accesible.
- Entre empresas (business to business). Los empresarios hablan de robo de datos o clientes, de forzar pedidos artificiales, falta de confidencialidad, se piden mordidas para recibir mercancía o para colocarla en la tienda. Se pagan antros, viajes y comidas de lujo para cerrar contratos. Otros contaron que se vieron «obligados» a organizar posadas o comprar regalos de Navidad para cerrar un negocio o recibir un precio descontado antes del cierre del año. ¿Cuál es el mensaje tras esas prácticas? Indudablemente, se nota una falta de juego limpio (fair play). Hay poca conciencia de que todos podemos ser exitosos como competidores. Domina un patrón de utilitarismo sin límites, que busca maximizar ganancias, acaparar todo el mercado y eliminar a la competencia. Hay poca claridad sobre qué es una economía de libre mercado, concepto totalmente distinto al de mercado sin límites.
Una de las hipótesis de trabajo que se planteó en el proyecto fue la siguiente: «Si tú como empresario sabes que la corrupción agrega costos y genera riesgos, ¿por qué no trabajar con tus competidores, proveedores, clientes y empleados para ir mejorando el entorno político y social de empresa? Despreocúpate por el momento del sector público y enfócate en lo que puedes hacer como empresario con las partes involucradas de tu empresa».
- Corrupción interna en las organizaciones. Los empresarios mencionaron abuso de poder, clientelismo, nepotismo y favoritismo entre otras formas frecuentes de corrupción hacia dentro. Las mujeres empresarias señalan también el machismo y la dificultad para ser exitosas en la empresa, sea por cuestión cultural o por políticas como la discrepancia de salario. También se detectó, a través de los cuestionarios, que es mínima la cultura de denuncia en las empresas. 80% de los encuestados afirmó que promueve la cultura de integridad en sus empresas a través de políticas y capacitación, pero 43% no maneja ninguna herramienta de denuncia y 47% no comunica internamente los actos de corrupción detectados. Sólo 21% de los encuestados cuenta con incentivos económicos o de otra índole por el cumplimiento de normas. Éste es un dato importante porque, si no se incentiva la cultura de la integridad y sólo se sanciona a unos pocos, se cae en el permisivismo que fomenta la corrupción. A la pregunta sobre si el asunto es más cultural o legal, la mayoría se inclina al campo cultural. Muchos empresarios creen que hemos perdido valores éticos como sociedad. Se premia la «creatividad» en los negocios, pero faltan buenos ejemplos de conducta íntegra. Falta conciencia acerca de que la integridad es más barata que leyes y controles. Pareciera que predomina una cultura cortoplacista que no toma en cuenta la sustentabilidad organizacional, social y hasta medioambiental.
Están bien las distinciones que plantea, pero siendo práctico, si el entorno ya está muy corrompido, ¿cómo una empresa puede funcionar con integridad?
Ante todo hay que ser realistas. Es muy difícil combatir la corrupción individualmente. Puedes acometerlo en tu círculo familiar o en tu medio directo, pero a nivel organizacional se necesita una acción colectiva. Los empresarios deberían unir fuerzas si de verdad quieren cambiar el entorno político y social. Por ejemplo, durante el proyecto se presentaron varios ejemplos de acción colectiva exitosa, entre ellos las iniciativas empresariales en Tailandia, Filipinas y Colombia. En Tailandia se logró juntar un grupo de empresarios que representaban 30% del PIB del país. Luego esos empresarios crearon un esquema de auto-certificación que les permitió levantar los estándares de gobernabilidad y de integridad en las relaciones business-to-business. En Filipinas, más de 2 mil empresas firmaron pactos de integridad. Y en Colombia tuvo mucho éxito la iniciativa PROBIDAD: lucha anticorrupción de los empresarios en los negocios con el estado.
Estas iniciativas giran alrededor de la misma idea: para combatir la corrupción, que es un mal sistémico, la mayoría de los empresarios tiene que mejorar los estándares de gobernabilidad y ética a través de procesos compartidos de certificación, cumplimiento y revisión. Al crear una coalición a favor de la cultura de integridad se quita terreno a los corruptos. En ese sentido, sería muy buena noticia que la mayoría de los Alumni del IPADE quisiera lanzar un proyecto de acción colectiva.
Otro paso será que cada empresario trabaje con sus clientes, proveedores y competencia para promover el fair play. ¿Cómo podemos explicar eso? Pensemos en el futbol, por ejemplo. El éxito de este deporte está en la combinación de los siguientes factores: 1) Profesionalismo y auto-disciplina de los jugadores y otras personas involucradas como médicos, técnicos y managers; 2) Reglas claras y eficaces del juego; 3) Un arbitraje imparcial que garantiza «el estado de derecho» en el campo de juego. La combinación de estos tres factores se llama cultura de integridad o fair play. Así se crea un círculo virtuoso de un gran deporte, el cual crea valor económico, social y estético. Al contrario, el futbol con poco profesionalismo y auto-disciplina, con muchas reglas y con un arbitraje subjetivo, sería la antítesis del deporte mismo. Tal lógica aplica en la vida económica de cualquier país. El ejemplo de futbol nos hace ver que la cultura de integridad es una pieza clave para el desarrollo exitoso.
¿Qué soluciones concretas están detrás del concepto de cultura de la integridad?
Los empresarios propusieron un certificado ético nacional o un ranking de las 100 empresas más íntegras o éticas de México. Ese ranking se podría desarrollar en conjunto entre las principales agencias de rating, las bolas de valores, el sector académico, las cámaras de comercio y algunos organismos internacionales. Además, comentaron los empresarios que un ranking de esta naturaleza deberá tener un respaldo del gobierno federal para ser el punto de referencia entre muchísimos mecanismos de evaluación de empresas en el mercado.
Al final de proyecto se lanzó un pacto de integridad que es una declaración de principios de legalidad, honestidad, integridad y responsabilidad social. Se trata un compromiso ético de los empresarios cara a la sociedad. El objetivo del pacto es crear una red de empresarios que asuman el compromiso de combatir la corrupción y levantar los estándares de competitividad.
Por último, muchos empresarios expresaron el interés de seguir el proceso de concientización, capacitación y acción colectiva. En este sentido hay que decir que la adhesión y la voluntad de los empresarios mismos, en particular el protagonismo de los egresados del IPADE, es fundamental. No se puede forzar ni imponer el cambio, ha de ser una decisión completamente libre y compartida de la sociedad que entiende el reto de combatir la corrupción y los beneficios futuros de este esfuerzo.
