A mi madre, por su ejemplo.
Somos un Estado soberano y lo que ha dicho este individuo no nos concierne. Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestras pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la Humanidad ni de la Sociedad de Naciones. Goebbels, 1933.
Afortunadamente el mundo ha cambiado. Y lo ha hecho también nuestro país. Desde los tiempos de la entre-guerra, y a partir de la caída militar del Imperio del Sol Naciente -cuya recuperación pronta, constante y promisoria es un verdadero ejemplo de la reciedumbre de carácter de su pueblo-, hasta el día en que estas líneas se escriben, nuestra casa global es otra, nuestra concepción del ejercicio del poder y las obligaciones del Estado son también otras. Suena a cliché. Pero no es así.
Urge recordar y recordarnos, siempre y todos los días, dónde estamos parados para enfrentar con entereza e inteligencia los desafíos que a pesar de los avances innegables en la vida social, aquejan aún y con gran dolor el camino diario de nuestras vidas. Y la respuesta no puede provenir de otra fuente que de nuestra propia capacidad creativa y del compromiso serio que hagamos, como ciudadanos comunes o como gobernantes en turno, con los valores más elementales de la convivencia social: respeto, orden, sacrificio y, sobre todo, justicia.
La pregunta que raya en lo obvio, nos dice Monsiváis, es cómo lograr que se crea en la justicia. La Justicia, así, con mayúscula, no es un ente etéreo o una función incomprensible; no es tampoco un entramado de instituciones y procedimientos, ni la suma de juzgados o policías ministeriales. Es una forma de vida, una decisión personal, una vocación indispensable para cualquiera que opte por la vida en sociedad.
Lo cierto es, sin embargo, que la lista de eventos contrarios a dicho postulado es interminable. Los despidos injustificados, los préstamos leoninos, la siembra de drogas, la tortura, la corrupción, el «acepta esto y ahí lo dejamos», la prepotencia de funcionarios públicos, el olvido de los pobres y muchos etcéteras más. El resultado, también innegable, es la existencia de un consenso silencioso que desconfía de la autoridad, del Derecho, del Estado y de sus instituciones.
El amarillismo periodístico o académico no sirve para nada. Tampoco el alarmismo. Pero como ejemplo, bien vale la pena recordar eventos que por arbitrarios o desgarradores e increíbles, se erigen en señales tantas veces ignoradas y se han vuelto los prolegómenos del perpetuo rompimiento social: linchamientos, bloqueos, vandalismo.
¿El salvajismo del pueblo, el castigo apropiado, la experiencia de la injusticia o el fracaso del Estado? Estas inquietudes no se predican únicamente de los eventos delictuosos. Pensemos en la vida diaria de los obreros que trabajan en condiciones infrahumanas, en tanto sus patrones viajan de París a Buenos Aires en jets privados; en los campesinos que esperan por la lluvia, mientras que caciques locales o ejidales enajenan sus derechos al mejor postor; o en la esposa del miserable narco-dependiente que, por un golpe de mala suerte, fue sorprendido en un desliz y usado como estadística expiatoria por una policía ineficiente y atrasada, mientras que de la justicia de la que hablan los políticos o los jueces poco se entiende o nada alcanza.
Enfrentar en carne propia la materialización de la injusticia provocada de manera individual o colectiva, normalmente trae aparejado el deseo de la venganza personal y el olvido de las instituciones democráticas. Ello es simplemente humano. Pero con la pausa y la reflexión uno “humano” advierte que la respuesta racional y meditada se encuentra en el orden jurídico.
DON QUIJOTE DEL DERECHO
Desfacer entuertos, corregir yerros, resarcir daños, reprimir abusos, garantizar la seguridad y la justicia; todo ello es tarea propia del Derecho. Su aplicación correcta y oportuna garantiza proporcionalidad entre las acciones indebidas y sus consecuencias, y protege los bienes más íntimos de toda persona –delincuentes o no. El ardor popular olvida –siempre lo ha hecho– que la justicia a golpes sólo genera dolor y violencia, y nunca satisfacción del derecho arrebatado.
Pero el Derecho no opera solo. Requiere de las instituciones del Estado, o más claramente, de los hombres que las conforman. Pero requiere, también y sobre todo, que el grupo social en el que opera en efecto asuma su propia responsabilidad vigilante y pro-activa en la vida pública, con madurez, con valentía, con entrega.
De ahí que la pregunta central que habría de encabezar los diarios y centrar la reflexión es: «¿Dónde y de qué forma está parado el ciudadano de a pie, en esta vorágine de caídas y tragedias?».
¿Qué pasa con aquellos muchos cientos de miles de mexicanos que merced al esfuerzo familiar o de un tanto de suerte, escalamos los peldaños sociales sin apenas enterarnos y nos encontramos selectivamente en una posición de privilegio y que, sin embargo, somos mexicanos sólo cuando gana la selección, cuando nominan para el Óscar a El laberinto del Fauno, o cuando paseamos a turistas extranjeros y les llenamos de tequila y mariachi los recuerdos?
La historia mexicana está tristemente llena de ejemplos egoístas. Francisco Martín Moreno ha estudiado a profundidad el siglo XIX y –más allá de compartir algunos de sus postulados– lo cierto es que desvela, una vez más, la constante y característica actitud individualista de nuestra gente que parece perdurar incólume en este nuevo milenio.
Nuestra Constitución Federal, es cierto, fue la primera en el mundo en consagrar los derechos sociales. ¿Qué, acaso ello no refleja una evidente necesidad de corregir una tendencia social excluyente, opresiva y, sobre todo, profundamente egoísta? Es curioso que la gran mayoría de las constituciones de lo que comúnmente llamamos países del primer mundo no contengan provisiones similares.
Las normas escritas, escritas se quedan y no sirven para nada en la medida en que no propicien, auspicien y reflejen el desarrollo del colectivo al que pretenden normar. Y para ello es esencial la actitud de los sujetos, la voluntad del destinatario de la norma.
Si, como pueblo, asumimos que las grandes gestas solidarias corresponden sólo a los míticos caudillos estamos condenados al fracaso social. La tarea nos corresponde a todos. Y debemos y podemos empezar por reinventar nuestra propia historia. Podemos arriesgarnos a cambiar, a comprometernos seriamente con la condición cívica que nos corresponde.
Ante la injusticia sufrida el ciudadano tiene, en efecto, muchos caminos institucionales que seguir. Puede acudir, por ejemplo, a la Procuraduría del Trabajo a quejarse contra un patrón arbitrario. O puede pedir ayuda de la Defensoría de Oficio, ante un crimen injustamente imputado. O existen, también, las muchas unidades de atención a víctimas del delito en las procuradurías de justicia. Ante un abuso comercial, se erige la Profeco, y ante el abuso financiero, la Condusef. ¿Pero el problema estará, realmente, en las pocas o muchas instituciones que existen hoy día en nuestro entorno para canalizar la quejas del ciudadano ultrajado? ¿O estará, únicamente, en la muy desprestigiada clase política y gobernante? ¿O será también, y en gran medida, un problema del ciudadano común?
Este texto comenzó urgiendo una mirada positiva. Y ahora lo reitera. En los últimos 60 años el mundo ?y nuestra patria? ha avanzado más en la protección de los más débiles que en toda la historia anterior de la humanidad. Ello es innegable desde la perspectiva de normas, instituciones y procedimientos.
¿HEMOS PROGRESADO EN NUESTRO SER HUMANOS?
¿Pero realmente hemos progresado, también, en nuestra humanidad, en nuestro ser humanos? Sigue habiendo carencias institucionales –sueldos injustos de jueces, ministerios públicos y demás funcionarios similares, por ejemplo–, acceso desigual a la justicia, impunidades graves, y abusos de poder que urge mejorar o corregir.
Pero urge, más que ninguna otra cosa, re-pensarnos como ciudadanos, como vecinos, como hombres. Ya lo dijo Allott, y lo dijo bien: la capacidad de la mente para re-inventarse, para re-pensar, es infinita. Y de ahí se sigue la infinita capacidad del hombre, del ciudadano, de rediseñar sus modelos operacionales, sus formas conductuales y con ello incidir en la mejora de la vida colectiva.
No son fórmulas matemáticas complejas. Se trata de volver a lo esencial, a las realidades prácticas que permiten la convivencia social. Cuestionarnos qué clase de hombres y ciudadanos queremos y podemos ser. Sólo en la medida en que exista compromiso serio del ciudadano ordinario, habrá desarrollo colectivo. Sólo así se podrán instrumentar o utilizar eficazmente mecanismos de presión, conductos de quejas e instrumentos para demandar del poder público establecido el recto y serio cumplimiento de sus deberes esenciales.
No se trata de hacer más leyes. Tenemos demasiadas. Se trata, primero, de cumplirlas y hacerlas cumplir; de ser honestos, de no propiciar ni tolerar la corrupción pública o privada, de aceptar la imposición de la multa debida, pero también de exigir, organizada y civilizadamente –la prensa, el cine, la radio, la academia, la literatura, los sindicatos, las asociaciones de colonos, los grupos reflexivos– que nuestros pares cumplan. Se trata de no hacernos «de la vista gorda» ante el injusto que ocurre a nuestra diestra, pero también de denunciar el abuso que ocurra justo al extremo opuesto.
Esto traerá indudablemente una mayor y mejor operación de los mecanismos de aplicación institucional de la Justicia. Don Efraín González Morfín nos ha enseñado a muchos: el Derecho es necesario pero no suficiente para normar la vida en sociedad. El resto se llama moral. Y no se confunda ello con mochilerías reaccionarias, se trata, simplemente, de rectitud ética: en el empresario, en el juez, en el policía, en el vecino, en el obrero, en el profesor, en el estudiante, en el cura, en el político, en el diputado, en usted, y en mí.1
Sólo de esta forma podremos generar el contrapeso necesario en un esquema realmente democrático. En la medida en que construyamos y destruyamos instituciones, cada vuelta de sexenio, más lejanos estaremos de la fluidez social.
El enfoque está en otro sitio: en la esfera individual de poder –todos tenemos, en algún sentido, un cierto grado de poder–, desde la que todos hagamos lo que toca por asumir nuestra condición y comprometernos a eliminar las causas del injusto, y no sólo exigir o esperar que la autoridad formalmente establecida aplique, por la fuerza, las consecuencias previstas en la norma.
Para ello, hay muchos canales. La reflexión propia es un buen inicio.
1 Afortunadamente, hay muchos ejemplos silenciosos que deben llenarnos de esperanza. Uno se llama Procuraduría Social de la Familia, y tiene apenas un par de años de vida. Está ubicada al oriente de la perla tapatía y tengo la fortuna de conocer a su titular. Y la veo venir, todas las tardes, con el cansancio propio de la entrega ilimitada a la causa en la que se empeña la vida. Cada día es un reto. Cada día, el encuentro con la miseria humana, la de la carne y la del espíritu: los hogares sin sustento, los padres que golpean, las madres que abandonan, los hijos que se drogan. Pero también viene cargada de ilusión, de esperanza por seguir contribuyendo en la extinción, si acaso un poco, del infierno diario en que vive una gran parte de nuestra gente. Como ella, hay un montón en toda la República.
