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La democracia suele definirse como «gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo». Gobernar significa dictar las normas por las que la colectividad ha de regirse, hacer que se ejecuten, y resolver los conflictos que plantee su ejecución.

Como en la democracia el soberano es el pueblo, se gobierna a sí mismo. Pero la única democracia posible es indirecta: el pueblo es gobernado «por el pueblo», pero siempre a través de los representantes que el propio pueblo elije para ello. El gobierno directo resultaría imposible.

Gobernar «para el pueblo» significa crear las condiciones que permitan al mayor número posible de ciudadanos satisfacer sus necesidades objetivas y desplegar más plenamente las potencialidades propias de su ser humano.

En eso consiste el Bien Común y la realización de la Justicia, el «dar a cada cual lo suyo». Porque cada cual puede reclamar como «suyo» lo adquirido por determinados actos (herencia, compra, donación) o exigido por la Naturaleza, es decir: aquello sin lo cual el ser humano se degradaría o encontraría dificultades serias para realizarse plenamente. Por supuesto, lo requerido por la Naturaleza es exigible con mayor fuerza y radicalidad que todo lo demás. Por eso, las Constituciones reconocen (es decir: no otorgan, sino que consideran preexistentes y superiores a ella misma) los derechos fundamentales en que se concreta el Derecho Natural, e imponen a los poderes públicos la obligación inexcusable de ampararlos.

Desde luego, no son compatibles con la democracia: ni el despotismo ilustrado, en que el gobernante define por sí mismo en qué consiste la mejora de la sociedad y el modo de alcanzarla; ni la demagogia, en que el gobernante atiende a ciegas cuanto la sociedad reclama, por absurdo o inconveniente que objetivamente sea. El arte del buen gobierno se identifica con la búsqueda del Bien Común, y con la consolidación de los puntales que la Justicia impone como sustanciales del sistema democrático. Y conviene recordar que Legalidad no es sinónimo de Justicia: lo legal puede ser injusto, y no faltan ejemplos de actos justos calificados como ilegales. Por eso, en supuestos extremos, puede incluso ser obligación moral desobedecer las leyes: por ejemplo, cuando atentan contra la dignidad humana.

Naturalmente, el «gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo» es diferente en cada país, en multitud de aspectos: objetivos, estrategias, contexto nacional e internacional, nivel educativo, idiosincrasia, instituciones, sistemas de control, etcétera. Y, por supuesto, siempre es todo mejorable. Así pues, la democracia admite grados, globalmente o por sectores (incipiente, moderada, en progreso, consolidada), a diferencia de los embarazos. Porque una mujer puede estar o no estar embarazada, pero nunca «un poco embarazada».

Desde luego, es complejo y difícil definir en qué medida es democrático un país, desde todos los puntos de vista y sector por sector. Pero el ciudadano de a pie puede reducir el riesgo de que los políticos le den gato por liebre, centrando su atención en los once asuntos siguientes.

1. RESPETO A LA VIDA

El derecho a la vida es el primero y principal de todos los derechos. Esta evidencia ha motivado por doquier la abolición de la pena de muerte o, al menos, su limitación a supuestos absolutamente excepcionales.

Sin embargo, también se ha generalizado el aborto al despenalizarlo, aunque sigue tipificado como delito en todas partes, como cualquier otra acción contra la vida, que -en el caso del aborto- es la de seres desvalidos e inocentes.

El asunto es importante, porque la calidad moral de la sociedad se muestra sobre todo en la forma en que ampara a sus miembros más débiles: enfermos, ancianos, menesterosos y, por supuesto, no nacidos. Cuando se torna insensible a sus necesidades, se incapacita para realizar la Justicia y, en consecuencia, se descalifica por antidemocrática. Por eso, la generalización del aborto es una aberración gravísima de la conciencia colectiva, agazapada tras la despenalización y el presunto derecho de la madre a delinquir disponiendo de la vida ajena.

2. RESPETO A LA LIBERTAD

La libertad es el cimiento de la dignidad del ser humano, la premisa mayor de su responsabilidad, y el instrumento básico de su realización personal. Porque sólo los actos libres son humanos; los demás no son más que actos del hombre. La libertad es anterior y superior a cualquier norma o mandato de los gobernantes; no algo que puedan otorgar o no.

Pero ni siquiera el derecho a la libertad es absoluto. De modo que, en principio, no es antidemocrático que el ordenamiento marque límites más allá de los cuales el derecho a la libertad no existe, ni que establezca condiciones para su ejercicio en ciertos casos.

La situación difiere según qué bienes juzga cada sociedad merecedores de protección jurídica y de su orden de prioridad en el ordenamiento. Porque cuando la sociedad pide al Estado nuevas prestaciones aumenta su poder coercitivo, lo que puede redundar en apatía de la propia sociedad y agostar su iniciativa.

También es importante el orden de prioridad, porque en él se basan la fijación de límites y la resolución de los conflictos de colisión de derechos: el definido como preferente es el que se impone; el otro, no puede ejercitarse legalmente. La jurisprudencia es abundante, por ejemplo, en conflictos entre el derecho a la intimidad y el derecho de información.

En cualquier caso, aunque el régimen jurídico sea impecable, si el talante colectivo (sobre todo, el de los gobernantes) es querencialmente autoritario, la libertad puede verse muy disminuida o seriamente amenazada. Porque el talante autoritario tiende a recortar la libertad ajena en cuanto se le refrena o dificulta; y, además, lo hace nada menos que justificando sus medidas como defensoras de la democracia.

3. PROTECCIÓN A LA FAMILIA

La familia es el primer ámbito de inserción social del ser humano y el único en que es querido por ser, no por lo que es o hace. Sentirse y saberse querido de ese modo es indispensable para la autoestima y el desarrollo armónico de la afectividad de los hijos. Pero ellos no son los únicos beneficiarios.

Todos los miembros de la familia se enriquecen por interacción con los demás: como cónyuges y padres, como hijos y hermanos, como abuelos? En la familia que funciona bien, se aprende la fraternidad, se afirma el espíritu de servicio, se desarrollan la solidaridad y el sentido de responsabilidad y, en suma, se adquieren gran parte de las virtudes cívicas necesarias para la convivencia adulta en sociedad. Por el contrario, la quiebra o deterioro de la familia causa problemas de enorme alcance social. Las estadísticas al respecto son contundentes.

Sin embargo, difícilmente será la familia lo que debe ser, si no se la protege. Porque la dinámica de las sociedades avanzadas, sobre todo en sus áreas urbanas, juega en contra. Son muchos los posibles modos de ayudar a la familia: exenciones o reducciones tributarías, subvención de las tareas del hogar, ampliación de las licencias de maternidad, becas de estudio para las familias numerosas; atención subsidiaria a niños, ancianos y enfermos en caso de necesidad; etcétera. Por fortuna, tal tipo de medidas se generaliza en todas partes, con más o menos generosidad.

4. POLÍTICA SOCIAL

Es sustancial reconocer y proteger las libertades en que la libertad se concretan y tocan tierra. Pero, por amplia y seriamente que se haga, no basta para implantar la Justicia, porque quienes carecen de lo necesario para una vida digna no pueden ejercitar muchas de esas libertades.

Para estos, sin tener más es dificilísimo ser más libres, tener más posibilidades efectivas de desplegar la propia libertad. Por eso, cuando se busca realmente el bien del pueblo, al derecho a la libertad se suman otros, también objeto de protección jurídica especial, y cuyo logro debe constituirse en meta obligada de cualquier gobierno democrático.

Esto es tan evidente hoy, que los programas de todos los partidos prestan atención expresa a la política social, que tiende a eliminar los reductos de pobreza, facilitar viviendas dignas, garantizar la debida atención en la enfermedad o la vejez, reducir el abanico de desigualdades, ampliar las oportunidades de promoción social, etcétera. Más que en los fines, los programas políticos difieren en los medios con que tratan de alcanzarlos: el vigor de la iniciativa social e individual o, en el extremo opuesto, la omnipotencia del Estado «bienhechor».

5. EDUCACIÓN PLURALISTA

La educación es cuestión clave para el bien del pueblo porque en gran medida es requisito de su libertad. Pero no es un problema simplemente cuantitativo que se arregla con la escolarización total, sin más. Requiere que la educación proporcione en lo posible a todos, además de conocimientos y destrezas, el sentido del respeto a los valores positivos que les orientarán cuando los usen.

Estos son los realmente importantes, porque cuando alguien prescinde de cualquier sistema de valores y actúa torcidamente, cuanto más sepa y mejor cabeza tenga, mayor es el perjuicio que puede producir a los demás. El impacto social positivo o eficacia «externa» de un sistema educativo puede ser muy bajo, aunque sea alta la relación entre los recursos empleados y los conocimientos o destrezas que adquieran los educandos, es decir: su eficacia «interna».

Pero los fines y contenidos de la educación varían en función de la idea que se tenga del hombre y de la sociedad. Por eso, el pluralismo educativo es esencial en toda democracia, y se hace realidad repartiendo equitativamente entre los centros educativos los recursos sociales destinados a educar, cualquiera que sea su titularidad y orientación y con tal de que funcionen seriamente y se ajusten a los principios en que se cimienta la democracia, uno de los cuales es, precisamente, que cada cual pueda proporcionar a sus hijos la educación que desee.

6. RESPETO A LA OPOSICIÓN

El pluralismo es reflejo natural de la diversidad individual y el ejercicio activo de la libertad. Por eso, la unanimidad es rarísima. De aquí que una regla fundamental del juego democrático sea el gobierno de la mayoría. Pero ninguna democracia lo sería realmente si la mayoría fuera un «rodillo» para la oposición minoritaria. La democracia es diálogo en busca del máximo posible de consenso, y cuando la mayoría no es dialogante y receptiva, es antidemocrática.

Ello no significa que los programas de gobierno deban ser componendas. Si lo fueran, fácilmente se desvirtuarían, perderían cohesión. El gobierno tiene una misión fundamental: realizar el programa que ha obtenido el respaldo de la mayoría; y la oposición tiene otra, también fundamental: poner de manifiesto ante la opinión pública lo que el gobierno hace mal o podría hacer mejor, para que el electorado cuente con elementos de juicio bien fundados, que puedan orientar su voto cuando vuelva a las urnas.

Y nunca se subrayará bastante la importancia de que la oposición ejerza su función crítica con rigor y seriedad. Una oposición desvaída es tan dañosa como un gobierno autoritario: facilita la corrupción, desvirtúa la democracia y pone en peligro el bien del pueblo.

Por eso, un excelente criterio para valorar el talante democrático de cualquier gobierno es su actitud ante la oposición: si reconoce su papel o no; si le abre cauces o no; si entorpece su ejercicio, o si la silencia o amordaza.

7. PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS

La cuestión de las minorías étnicas, religiosas, culturales, etcétera, es distinta. La democracia no puede ignorarlas ni desampararlas, porque todos los ciudadanos merecen igual trato ante la ley. Por eso han cobrado enorme auge las acciones reivindicativas de cuantas minorías se sentían tratadas con desigualdad.

Los movimientos feministas no cabrían propiamente en este apartado porque las mujeres no son minoría; pero es justo mencionarlos porque han acertado a subrayar ciertas facetas de la desigualdad que también son objeto de reivindicación por parte de otras muchas minorías: étnicas, religiosas, y hasta homosexuales, por ejemplo.

La justicia es necesaria. Pero no la garantiza el simple hecho de reformar las leyes para apaciguar las reivindicaciones en cuestión. Porque las leyes pueden ser injustas, es decir: contrarias al Derecho Natural. y desde luego, lo antinatural es siempre injusto, por normal que estadísticamente pueda ser.

8. EQUIDAD DE LAS CARGAS FISCALES

En la esfera económica, a los poderes públicos corresponde conseguir recursos mediante tributos o por vía de endeudamiento, acuñar moneda, elaborar presupuestos que traducen a cifras los programas políticos, administrar bienes de dominio público, patrimoniales y recursos financieros, formalizar contratos, etcétera.

De todo ello, lo que afecta más directamente al ciudadano de a pie son los tributos, y de modo especial los impuestos. Las cargas tributarías son considerables. Los impuestos directos sobre la renta personal por sí solos, reducen ésta más de un tercio en muchas partes; lo que significa que sólo por este concepto, cualquiera trabaja para el Estado entre tres y cuatro meses cada año.

Por eso el ciudadano se siente sobre todo «contribuyente». Ello no tiene mayor importancia cuando el ciudadano aprecia que su sacrificio va parejo con el de los demás y con el que los gobernantes se exigen a sí mismos, y cuando comprueba que los servicios de la Administración funcionan bien. Pero le frustra e irrita lo contrario: la falta de equidad en el reparto de cargas fiscales; el mal funcionamiento de los servicios públicos; y sobre todo, el despilfarro y la falta de honestidad de los titulares de poderes públicos.

Gobernar para el pueblo significa, además, que los gobernantes ejerzan el poder como es debido. Eso significa, ante todo, que utilicen con honradez y eficacia los recursos sociales que administran, pues son simples administradores y no dueños. Y exige que no utilicen su poder para bloquear la critica social o el buen funcionamiento de los controles a que han de sujetarse.

9. PROTAGONISMO SOCIAL

El rasgo más sustancial de toda democracia auténtica consiste en que la sociedad protagoniza al máximo su propio avance, lo que reduce a sus justos límites la importancia del quehacer político de los gobernantes. Las democracias maduras se caracterizan por la abundancia, diversidad y solidez de instituciones sociales que manifiestan el vigor de la iniciativa de la ciudadanía, amparan sus intereses y dificultan la prepotencia del Estado.

Este es un signo de madurez democrática mucho más importante que la participación electoral.

10. CORRECCIÓN ELECTORAL

De la elección de los gobernantes depende nada menos que su acceso al poder por «legitimidad de origen». Pero precisamente por eso, el juego de intereses se traduce con frecuencia en acciones más bien poco decorosas y, por lo mismo, antidemocráticas. Sobre todo, en lo que se refiere a la financiación de las campañas y la promoción de candidatos, que convierte la supuesta democracia en partidocracia o incluso algo peor: narcocracia, por ejemplo.

La importancia de la participación electoral es debatida. Sin duda, el sentido cívico y el interés por los asuntos públicos tienden a aumentarla. Pero lo mismo ocurre con la obligatoriedad del voto o la naturaleza policial del régimen. En la URSS y los países de su órbita, la participación electoral rondaba el 100%, pese a que las elecciones eran pura farsa, todos lo sabían, y seguramente su interés por ellas era nulo.

También es cierto que la apatía, la falta de sentido cívico, el desinterés por los asuntos públicos o el desencanto por el mal hacer de los políticos, aumentan la abstención electoral; pero existen factores positivos que pueden producir el mismo efecto. Por ejemplo, en EUA la participación electoral apenas rebasa el 50%, pese a que el sentido cívico de la población es más que decoroso. ¿Por qué? En primer lugar, por la convicción colectiva de que el país avanza, sobre todo, a impulsos de la gente emprendedora, no de los políticos, cuya elección, por tanto, tiene importancia sólo relativa.

En cambio, en los países inmaduros son precisamente los políticos la clave del arco; entre otras razones, porque cualquier visionario radical puede transformarlos de la noche a la mañana. En cambio, la experiencia y complejidad estructural de los países maduros, los hace inmunes a las proclamas de cambios radicales, y reduce considerablemente el poder real de los políticos. Además, en tales países suele ser muy alto el grado de consenso y escasas las diferencias entre los grandes partidos, de modo que, a efectos prácticos, no tiene excesiva importancia cuál resulte vencedor en la contienda electoral.

11. CONTROLES

Por desgracia, los titulares de poderes públicos, como los ciudadanos de a pie, actúan mal muchas veces. Pero, pese a ello, la sociedad puede avanzar si funcionan eficazmente los sistemas institucionales de control y rectificación. Son muchos y variados, pero también muchas las formas de neutralizarlos. Por eso es indispensable examinar la realidad de cerca. Los cuatro principales son: el control parlamentario, que corresponde a las cámaras; el control judicial ejercido por los tribunales; el control jerárquico, de las autoridades sobre sus subordinados; y el control social, cuyos protagonistas son fundamentalmente los medios de comunicación social.

Lamentablemente, el tema da de sí mucho más que las palabras que me restan para terminar. De modo que ¡otra vez será!

* El presente artículo sintetiza algunos conceptos del libro Cómo reconocer si es una democracia lo que se tiene delante, del mismo autor. (EIUNSA. 3° ed. Madrid, 2002).