LA TERCERA OLA
Desde hace un cuarto de siglo estamos envueltos en lo que Huntington denominaría, con frase feliz, la tercera ola democrática .
Brevemente, la teoría afirma que la primera ola sobrevino a finales del siglo XIX, cuando el liberalismo censatario con electores escogidos entre aquellos que pagaban una renta dejó paso al sufragio universal. La siguiente inició con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la casi total desaparición de los gobiernos fascistas. La tercera empezó con la democratización de los regímenes autoritarios de Portugal (1974) y España (1975) para continuar con el fin de los gobiernos militares de Grecia, Brasil, Argentina, Chile, etcétera.
La caída del muro de Berlín aceleró esa tendencia, llevando la democracia más allá del telón de acero hasta Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia y la extinta URSS (las llamadas «democracias populares»).
El ocaso del comunismo favoreció la práctica evaporación de las guerrillas de corte marxista en distintas partes de África, América Latina y Asia. A su vez, desde la administración Carter, Estados Unidos apoyó cada vez menos a regímenes dictatoriales.
Sin duda, el espíritu de los tiempos zeitsgeit , según los alemanes favorece actualmente la democracia, al igual que en los años veinte y treinta animó la aparición de regímenes autoritarios y totalitarios, bien fascistas o comunistas.
EN BUSCA DE «EL DORADO» DEMOCRÁTICO
La palabra democracia se convirtió, desde finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, en la varita mágica capaz de solucionar cualquier deficiencia coyuntural o estructural por sí sola.
El concepto, no hay duda, debe su prestigio fundamentalmente al éxito económico de las democracias occidentales. Inglaterra, por ejemplo, era una de las sociedades más hechas a este sistema al final del siglo XIX, momento que coincide con su primacía como potencia mundial. Estados Unidos, su sucesor en el ranking a principios del XX, se ha considerado como la quintaesencia de la democracia recordemos lo escrito por Tocqueville al respecto.
Años después, las democracias surgidas de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial también lograron dominar el comercio internacional y las grandes finanzas: Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá. Con estos antecedentes no extraña la identificación de democracia con riqueza. «El Dorado» estaba allí, había que conseguir esa tierra prometida si se quería el bienestar material.
Sin embargo, para los años sesenta el panorama se volvió desolador. Únicamente 23 regímenes políticos se podían considerar democráticos , el resto se incluía en la categoría de autoritarios o totalitarios. Los politólogos se emplearon a fondo en la búsqueda de la claves para llevar a ese paraíso terrenal a la mayoría de la población, desterrada en regímenes no democráticos. Se exploró en los factores sociales, económicos y culturales para dar con la piedra filosofal que convirtiera a ese sinfín de sistemas en democracias.
CONDICIONES PARA LA DEMOCRACIA
Una de las teorías más usadas para explicar el advenimiento de la democracia fue la «teoría de la modernización» cuyo pionero es Seymour Lipset . La tesis sostiene que el crecimiento económico es causa de la democracia, tanto en su promoción, como en su sustento.
Con base en esta premisa causal, sus defensores creen en la necesidad de unas «precondiciones» para que cualquier régimen pueda ser democrático. Así, por ejemplo, la condición previa a la era industrial serviría de catalizador de todo el proceso, cuya secuencia lógica sería: industrialización, urbanización, expansión de la educación, crecimiento cultural, y aumento de los medios de comunicación y transporte masivos. Estos cambios incrementarían tanto la clase media como la concienciación política de la sociedad, provocando al final una mayor implicación ciudadana en la vida pública.
Ante este proceso, más o menos extendido en el tiempo, los detentadores del poder percibirían la pérdida de su legitimidad y poco a poco cederían terreno político con rumbo a una sociedad democrática.
Esta teoría, admitida durante años, padecía dos defectos de base. Por una parte era una visión extremadamente pesimista. Si la única forma de aumentar el crecimiento económico era la democracia, y para alcanzarla era necesario un nivel económico aceptable, se terminaba en un círculo vicioso.
También implicaba una visión determinista de la historia, se partía de un supuesto económico que negaba la libertad de la persona. Al fin y al cabo, aunque su fin era distinto, estaba sometida a parámetros marxistas: la economía mueve a la sociedad.
EL MITO ECONÓMICO
No todos los estudiosos estuvieron de acuerdo con la tesis de la modernización, al contrario. Con base en la observación de algunos gobiernos, se comprobó la existencia de países democráticos con economías muy inferiores a otros con gobiernos autoritarios. Sirvan como ejemplo la India de los sesenta para el primer caso y la Corea del Sur de los ochenta para el segundo.
Rustow primer politólogo en llegar a esta conclusión, aunque no despreció el aspecto económico como impulsor de la democracia, puso más énfasis en otros factores, especialmente en el comportamiento de las élites.
De esta forma, el protagonismo de la historia volvía de las estructuras económicas a los agentes individuales, quedaba salvada la libertad y se daban esperanzas a aquellos políticos del tercer mundo muchas veces en la oposición y otras en la cárcel quienes deseaban la democracia para su país.
Con el tiempo, numerosos estudios han coincidido con Rustow en lo referente al determinismo económico. Como muestra bastará la afirmación de Huntington: «ningún nivel o modelo de desarrollo es en sí mismo necesario ni suficiente para llevar a la democracia» . En los albores del siglo XXI, esta afirmación la corrobora la mayoría de aquellos dedicados a las transiciones a la democracia.
Podríamos concluir diciendo que el aumento económico favorece estadísticamente la aparición de la democracia, pero ese hecho no implica que ésta sea siempre «inevitable». El número de excepciones es tan alto que, si bien el desarrollo económico ayuda en gran medida a su aparición, es indispensable que vaya acompañado de otros factores, como situarse en una zona geoestratégica determinada, la actuación de las élites, la intervención externa, una determinada cultura relacionada con la religión predominante, etcétera.
MÉXICO: MONEDERO LLENO, URNAS VACÍAS
Para confirmar que un ascenso económico no siempre conduce a la democracia mencionaremos el caso mexicano, donde las fases de crecimiento no reflejaron una apertura democrática, al contrario, cuando el país despertó a la vida política fue en medio de un marasmo financiero.
Tradicionalmente, la periodicidad del desarrollo económico de México se basa en la idea de que a partir de 1958 inició una nueva etapa caracterizada por alto crecimiento e inflación baja, denominada «desarrollo estabilizador», que habría de prolongarse toda la época de los sesenta . En realidad, desde la devaluación de 1948 la década de los cincuenta se caracterizó por un intenso desarrollo económico y baja inflación.
De ser cierta la teoría, 1950 hubiera sido idóneo para el nacimiento de la democracia. Sin embargo, fuera de unos cuantos movimientos sindicales, la sociedad mexicana parecía acomodarse a un sistema político de partido predominante y presidencialismo fuerte.
El crecimiento se mantuvo entre 1960 y 1970, aunque limitado por el incremento del financiamiento externo y la caída de los sectores agropecuario y de exportaciones. En este caso, la reacción social fue distinta: el movimiento del 68, parteaguas de una sociedad descontenta con sus gobernantes, fue el inicio de la transformación de la conciencia cívica mexicana .
Si en este caso el crecimiento económico acompañó el despertar de la sociedad civil, él mismo resultó insuficiente para llevar a buen término el cambio: la actuación de las fuerzas de seguridad impidió ir más allá. Muchos otros países con niveles inferiores de renta ya habían alcanzado una democracia estable.
EL PRINCIPIO DEL FIN
Esos años de solvencia y estabilidad terminaron hacia 1980, con el arranque de un ciclo largo de crisis económicas que, de alguna manera, no ha terminado. Aunque no implicaron un avance democrático importante, sí trajeron una aparente liberalización, gracias a la Ley de Partidos Políticos, que por primera vez permitió a las agrupaciones minoritarias hacer un contrapeso en las cámaras.
El gobierno perdía a pasos agigantados una de sus más firmes bases de legitimidad: la prosperidad económica. Necesitaba un escape a la tensión, que buscó en unas elecciones con pluralismo limitado. Al permitir que unos pocos opositores entraran a las cámaras pretendía dar la imagen de un poder legislativo plural y, a la vez, de un gobierno fuerte, debido a la incapacidad de la oposición para figurar eficazmente en los órganos legislativos.
Al coincidir la ley con una época de crisis financiera, bajo el prisma crecimiento económico-democracia, esta reforma no se explicaría. A pesar de todas las limitaciones existentes, fue un paso levísimo si se quiere hacia la apertura política.
La caja de Pandora estaba abierta, hecho que el gobierno pudo comprobar con los descalabros de los ochenta. Los partidos políticos minoritarios, casi sin posibilidad de aspirar al poder en las elecciones de 1982, aprovecharon la relativa apertura para mejorar sus cuadros. Mientras tanto, la sociedad civil empezaba a moverse. La debacle económica favoreció en este caso la democracia: la crisis sexenal se volvía costumbre y el gobierno era incapaz de frenar su deslegitimación a nivel popular.
La oposición compitió fuerte en las elecciones de 1988, cuando por primera vez y bajo una aguda crisis económica, el cambio de partido en el gobierno estuvo cerca. Una muestra clara de que la población saltaba a la arena política fue la alta participación en aquellos comicios. Aunque el cambio no se dio, la posibilidad quedó grabada en la conciencia colectiva.
Prueba de lo anterior es la actitud social y política durante los dos últimos sexenios. Las pérdidas del partido en el poder de diversos gobiernos estatales y presidencias municipales, así como el error de diciembre de 1994, confirmaron rotundamente lo percibido en la calle.
El gobierno entendió el mensaje: no era posible mantener la legitimidad sin cambios. Los acuerdos con la Iglesia otorgarle el marco jurídico correspondiente durante el sexenio de Salinas, la libertad hacia los medios de comunicación y la fiabilidad de los organismos de control de las elecciones durante el de Zedillo, por citar sólo algunas de las más importantes, fueron las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo a una sociedad cada vez más alejada de los principios que vieron nacer a un régimen con casi 70 años de vida.
ADIÓS A UN RÉGIMEN
Desde el punto de vista económico se podría aducir, en contra de la hipótesis defendida aquí, que el último sexenio fue muy positivo, al alcanzar un crecimiento económico de 7% en su último año y lograr la mayor apertura democrática de la historia.
Aún así, no debemos olvidar que el receso económico sufrido en diciembre de 1994 todavía no se ha superado y que las reformas democráticas parecen responder más a la creencia, por parte del Ejecutivo, de que la única forma de recuperar, tanto la legitimidad interna, como la internacional, era aparentar un régimen que realmente quería ser democrático.
Como escribió Crespo , la falta de legitimación del régimen en los últimos años fue debida a la crisis iniciada en 1982. Las encuestas fueron claras: durante el sexenio 1982-1988 las simpatías por el partido en el gobierno descendieron de 55 a 30%, lo que explicó su «descalabro» electoral de 1988.
Al empezar el siguiente sexenio y gracias al repunte económico, el partido mayoritario obtuvo una mejora considerable en las elecciones federales con respecto a las anteriores pasó de 51 a 64%. La imagen de bonanza ayudó de nuevo al candidato oficial a la presidencia, aún así, esa victoria suele atribuirse más al miedo de perder la estabilidad política que a los buenos resultados económicos.
Los sucesos de diciembre de 1994 y enero de 1995 la progresiva caída del peso frente al dólar contribuyeron a esfumar las falsas expectativas con respecto a la capacidad del gobierno para manejar la economía. Las urnas lo reflejaron con claridad. En las elecciones intermedias de 1997 el partido en el poder consiguió 111 distritos menos de mayoría relativa que los conseguidos en 1994 y, lo más importante, perdió el gobierno del Distrito Federal.
Fueron los pobres resultados económicos los que llevaron al régimen a perder la legitimidad no hay duda de que no fue al revés y, por tanto, lo que facilitó su debilitamiento y el triunfo opositor del 2 de julio de 2000.
LAS BONDADES DEMOCRÁTICAS
Lipset, como dijimos antes, partía de dos premisas: el crecimiento económico favorece la llegada de la democracia y la democracia favorece el crecimiento económico. Ya hemos visto que la primera no siempre se cumple, pero ¿es cierta la segunda? De la respuesta depende, en gran parte, el futuro de la democracia.
No hay que olvidar que la crisis europea de 1929 fue precisamente la que hizo que los movimientos fascistas, minoritarios en toda Europa, con excepción de Italia, cobraran enorme pujanza.
En la actualidad a pesar de la reciente desaceleración vivimos un largo período de estabilidad económica, ¿pero qué pasaría si esta estabilidad se acaba y se convierte en recesión? ¿No sería fácil recurrir al «héroe» para que, con medidas extraordinarias, nos saque a flote? Hoy todavía existen muchas personas que piensan: «la democracia es útil cuando hay bienestar pero en caso de crisis las medidas autoritarias son más efectivas». No podemos olvidar los ejemplos recientes de Perú y Venezuela.
Los defensores de la democracia deben sentirse satisfechos con los estudios realizados últimamente. Así, por ejemplo, un artículo publicado en una prestigiosa revista británica muestra, en un estudio hecho en 90 países entre 1960 y 1980, que el régimen democrático favorece el desarrollo.
A igual resultado ha llegado la reciente investigación de Freedom House : el crecimiento económico durante la última década ha sido superior en aquellos países con regímenes democráticos que en los que no lo son. Vistos en conjunto, los países democráticos han mejorado 70% más con respecto a los que no lo son. Pero si se toma sólo a los países muy pobres, se comprueba que en donde existe libertad el crecimiento es 100% superior a los países donde hay restricciones políticas, por lo que, concluye el estudio de Freedom House: «el crecimiento económico se acelera en un ambiente donde la ley es respetada, la propiedad privada goza de buena salud, los ciudadanos están comprometidos con la situación política».
Los politólogos disienten acerca de lo qué es la democracia; sus opiniones van desde posiciones minimalistas, al considerarla únicamente como el sistema donde es posible cambiar de gobierno a través de las urnas Schumpeter dixit, hasta posturas en las que el régimen democrático incluiría igualdad social, inexistencia de discriminación de cualquier tipo racial, sexual, religiosa, claridad en la división de poderes, etcétera.
No es éste el lugar para decidir si el México post 2 de julio cumple con el segundo concepto de democracia, pero no cabe duda de que actualmente sí cumple con el primero: es posible cambiar el partido en el gobierno a través de las urnas electorales.
No hace falta saber mucho de economía basta con leer las páginas de los diarios para saber que las perspectivas de inversión extranjera en nuestro país aumentaron tras comprobar que el cambio de gobierno se dio en condiciones pacíficas, a la sueca, como dijo el expresidente del gobierno español, Felipe González.
Por lo tanto, si el veterano Lipset y la asociación Freedom House, entre otros, tienen razón, conviene que los agentes sociales y las fuerzas políticas mexicanas si desean de verdad mejorar el nivel de vida de 100 millones de mexicanos luchen por conservar una cultura democrática y se olviden de soluciones fáciles y drásticas. La mano dura puede resolver en algunos casos problemas coyunturales, pero parece claro que es incapaz de resolver los estructurales.
